El Estado Puertorriqueño se ha visto enfrentado a cambios en las demandas y expectativas de los ciudadanos. A través de los pasados cuarenta años nuestros ciudadanos han generado demandas por un acceso más igualitario a los recursos públicos y por servicios de mejor calidad, presionando a los administradores públicos a gestionar de una manera más eficaz y eficiente. A esto añadamos que esto se da en el contexto de recursos fiscales escasos en relación con las demandas sociales, lo cual limita la capacidad de acción del Gobierno.